Nuestro cliente fue arrestado hace tiempo por una segunda infracción de DUI. Es un conductor comercial de clase A. Una condena por DUI y/o una suspensión del DMV habrían provocado la revocación de su licencia de conducir de clase A por un periodo de un año. Yo ya había logrado que se desestimaran los cargos por DUI a cambio de una declaración de culpabilidad por conducción temeraria hace aproximadamente un año, pero la audiencia del DMV se estaba prolongando y el panorama no era favorable. El oficial de la CHP que arrestó a nuestro cliente inventó ciertos hechos y no grabó su investigación con la cámara de la patrulla, tal como exige la CHP. En la audiencia del DMV, llamé a una oficial de la CHP jubilada como testigo pericial. Ella explicó que el oficial que arrestó a nuestro cliente tenía el deber oficial, bajo la política de la CHP, de grabar su investigación y el arresto. Tras su testimonio, presenté una objeción a todas las pruebas del DMV (que consistían en los informes del oficial de la CHP) basándome en que no debían considerarse fiables, ya que el oficial no grabó el arresto de mi cliente. El oficial de la audiencia aceptó nuestra objeción y anuló la suspensión de la licencia de mi cliente. Esto salvó por completo su licencia de clase A de la suspensión por una segunda infracción de DUI con un 0,18%.